Créditos de carbono y generación renovable: ¿cómo el Decreto 32 transforma la industria energética en Ecuador?
El Decreto Ejecutivo 32, firmado el 15 de junio de 2025 por el presidente Daniel Noboa, establece una nueva política energética en Ecuador. Esta normativa exige que las empresas que consumen alto voltaje implementen sistemas de autogeneración eléctrica en un plazo máximo de 18 meses, es decir, hasta diciembre de 2026.
El objetivo es garantizar la provisión de energía en el país, reducir la dependencia del sistema interconectado nacional y fomentar el uso de fuentes renovables.
¿A quiénes afecta el Decreto 32?
El decreto está dirigido a los grandes consumidores de energía eléctrica, clasificados como:
- AV1: Reciben energía entre 40 kV y 138 kV.
- AV2: Operan con más de 138 kV.
Las empresas en estos grupos ya no contarán con la tarifa preferencial de 5 a 9 centavos por kWh si no cumplen con la obligación. Además, podrían ser desconectadas del sistema eléctrico nacional en situaciones de emergencia energética.
Las 3 principales medidas del Decreto 32
El decreto no solo promueve la autogeneración, sino que también forma parte de una estrategia energética integral. Estas son las tres decisiones clave incluidas en la normativa:
- Autogeneración obligatoria para grandes industrias
Las empresas AV1 y AV2 deberán instalar infraestructura de generación propia. Si el país enfrenta escasez de energía, se priorizará el suministro a los hogares, dejando a las industrias fuera del sistema temporalmente.
- Construcción de nuevas centrales a gas natural sin licitación
El Gobierno autoriza la construcción de plantas termoeléctricas a gas natural de hasta 100 megavatios (MW) sin requerir licitación pública. Esto busca acelerar el desarrollo de nueva capacidad energética.
- Transferencia directa de proyectos al sector privado
Cuando el Estado no pueda ejecutar proyectos estratégicos “a tiempo”, podrá delegarlos directamente a empresas privadas. Para asegurar su ejecución, los pagos se garantizarán a través de fideicomisos.
El Decreto 32 marca un antes y un después en la política energética de Ecuador. La responsabilidad de generar energía ahora recae también en los grandes consumidores, especialmente en las empresas de alto voltaje.
Este cambio no solo mejora la seguridad del sistema eléctrico, sino que impulsa una transición hacia energías limpias y sostenibles. Es un llamado a la acción para que la industria ecuatoriana invierta en el futuro energético del país.
Las empresas pueden optar por proyectos solares, eólicos, de biomasa o híbridos, que no solo reducen costos a largo plazo, sino que también les permiten acceder a créditos de carbono en Ecuador. Estos certificados —que representan la reducción de una tonelada de CO₂— pueden ser vendidos en mercados de carbono voluntarios o utilizados para compensar su propia huella de carbono organizacional o de producto.
Además, el decreto facilita procesos regulatorios para la delegación directa de proyectos energéticos, incentiva el almacenamiento energético, y permite incluso la importación de gas natural como respaldo transitorio para industrias.
¿Cómo cumplir con el Decreto 32 y generar beneficios?
Implementando proyectos de autogeneración renovable, las empresas no solo evitan sanciones, sino que fortalecen su resiliencia energética, mejoran su reputación ambiental y acceden a nuevas fuentes de ingreso a través de la venta de créditos de carbono.
En BIO1, somos expertos en estructurar proyectos energéticos sostenibles y cuantificar reducciones de emisiones para certificar y comercializar créditos de carbono. Le acompañamos desde el diseño técnico hasta la validación climática.
