Decreto Ejecutivo 32 obliga a empresas de alto voltaje en Ecuador a generar su propia energía

Créditos de carbono y generación renovable: ¿cómo el Decreto 32 transforma la industria energética en Ecuador?

El Decreto Ejecutivo 32, firmado el 15 de junio de 2025 por el presidente Daniel Noboa, establece una nueva política energética en Ecuador. Esta normativa exige que las empresas que consumen alto voltaje implementen sistemas de autogeneración eléctrica en un plazo máximo de 18 meses, es decir, hasta diciembre de 2026.

El objetivo es garantizar la provisión de energía en el país, reducir la dependencia del sistema interconectado nacional y fomentar el uso de fuentes renovables.

¿A quiénes afecta el Decreto 32?

El decreto está dirigido a los grandes consumidores de energía eléctrica, clasificados como:

  • AV1: Reciben energía entre 40 kV y 138 kV.
  • AV2: Operan con más de 138 kV.

Las empresas en estos grupos ya no contarán con la tarifa preferencial de 5 a 9 centavos por kWh si no cumplen con la obligación. Además, podrían ser desconectadas del sistema eléctrico nacional en situaciones de emergencia energética.

Las 3 principales medidas del Decreto 32 

El decreto no solo promueve la autogeneración, sino que también forma parte de una estrategia energética integral. Estas son las tres decisiones clave incluidas en la normativa:

  1. Autogeneración obligatoria para grandes industrias

Las empresas AV1 y AV2 deberán instalar infraestructura de generación propia. Si el país enfrenta escasez de energía, se priorizará el suministro a los hogares, dejando a las industrias fuera del sistema temporalmente.

  1. Construcción de nuevas centrales a gas natural sin licitación

El Gobierno autoriza la construcción de plantas termoeléctricas a gas natural de hasta 100 megavatios (MW) sin requerir licitación pública. Esto busca acelerar el desarrollo de nueva capacidad energética.

  1. Transferencia directa de proyectos al sector privado

Cuando el Estado no pueda ejecutar proyectos estratégicos “a tiempo”, podrá delegarlos directamente a empresas privadas. Para asegurar su ejecución, los pagos se garantizarán a través de fideicomisos.

El Decreto 32 marca un antes y un después en la política energética de Ecuador. La responsabilidad de generar energía ahora recae también en los grandes consumidores, especialmente en las empresas de alto voltaje.

Este cambio no solo mejora la seguridad del sistema eléctrico, sino que impulsa una transición hacia energías limpias y sostenibles. Es un llamado a la acción para que la industria ecuatoriana invierta en el futuro energético del país.

Las empresas pueden optar por proyectos solares, eólicos, de biomasa o híbridos, que no solo reducen costos a largo plazo, sino que también les permiten acceder a créditos de carbono en Ecuador. Estos certificados —que representan la reducción de una tonelada de CO₂— pueden ser vendidos en mercados de carbono voluntarios o utilizados para compensar su propia huella de carbono organizacional o de producto.

Además, el decreto facilita procesos regulatorios para la delegación directa de proyectos energéticos, incentiva el almacenamiento energético, y permite incluso la importación de gas natural como respaldo transitorio para industrias.

¿Cómo cumplir con el Decreto 32 y generar beneficios?

Implementando proyectos de autogeneración renovable, las empresas no solo evitan sanciones, sino que fortalecen su resiliencia energética, mejoran su reputación ambiental y acceden a nuevas fuentes de ingreso a través de la venta de créditos de carbono.

En BIO1, somos expertos en estructurar proyectos energéticos sostenibles y cuantificar reducciones de emisiones para certificar y comercializar créditos de carbono. Le acompañamos desde el diseño técnico hasta la validación climática.


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Informe del Banco Mundial de 2024 demuestra que persisten desafíos para alcanzar los objetivos climáticos

El informe State and Trends of Carbon Pricing 2024, publicado por el Banco Mundial en mayo de 2024, revela datos sorprendentes sobre el mercado global de carbono. En 2023, los ingresos totales alcanzaron un récord de 104.000 millones de dólares, principalmente impulsados por impuestos al carbono y sistemas de comercio de emisiones (ETS). Sin embargo, en comparación, el mercado voluntario de créditos de carbono movió solo 2.000 millones de dólares, una cifra que representa apenas el 2% del total y una fracción pequeña frente a los mecanismos regulados. 

¿Por qué tanta diferencia?

El mercado regulado, que incluye impuestos y ETS, domina claramente la escena, pero el mercado voluntario, donde empresas y actores privados compran créditos para compensar sus emisiones de manera voluntaria, concentra el 90% de la demanda de créditos. Esto indica que, aunque es mucho más pequeño en volumen financiero, el mercado voluntario es donde la mayoría de los créditos de carbono son realmente utilizados o cancelados, principalmente por empresas con compromisos climáticos internos.

¿Qué está pasando con el mercado voluntario?

A pesar de su gran influencia en la percepción y la acción voluntaria contra el cambio climático, el mercado ha mostrado señales de estancamiento. La cantidad de créditos que se cancelaron en 2023 fue casi igual a la de 2022, y la emisión de nuevos créditos disminuyó, formando un excedente de más de 700 millones de créditos no utilizados a finales de ese año. Esto refleja un equilibrio delicado: la oferta de créditos crece más lentamente que la demanda, generando un exceso que presiona a la baja los precios. 

El precio promedio de los créditos voluntarios en transacciones OTC fue de $7.12 por tonelada, ligeramente menor que en 2022. Sin embargo, segmentos de mayor calidad, como los créditos por remoción de carbono, lograron mantener su valor, impulsados por el interés creciente en soluciones climáticas con mayor integridad ambiental. 

¿Qué significa esto para el futuro?

El informe subraya que, aunque el mercado de carbono continúa evolucionando, los niveles actuales de precios y cobertura no son suficientes para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. Es necesario aumentar la ambición en los precios del carbono y fortalecer los estándares de calidad para garantizar que los créditos sean efectivos y confiables.  

Por otro lado, los gobiernos están empezando a aprovechar los mercados voluntarios como un medio para atraer inversión privada en proyectos de energía renovable, forestación y captura de carbono. Estos mercados, aunque todavía modestos en escala, están sirviendo como una vía adicional para canalizar fondos hacia acciones climáticas, complementando los esquemas regulatorios. 

El mercado de carbono global generó cifras récord en 2023, pero todavía enfrenta desafíos. La diferencia entre los mecanismos regulados y voluntarios refleja una oportunidad: potenciar ambos para lograr una acción climática más efectiva, con precios más altos y créditos de mayor calidad. Solo así podremos avanzar hacia las metas del Acuerdo de París y limitar el calentamiento global a niveles seguros. 

Referencias:
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